El fiscal del Condado José Rodríguez, la comisionada Verónica Escobar y la representante local, Susie Byrd, tomaron un vuelo rumbo a Washington, el lunes, como parte de una delegación que buscará presionar al Gobierno Federal en busca de una reforma migratoria, así como para reafirmar el papel que en este sentido juegan las comunidades fronterizas en el desarrollo de políticas públicas.

El propósito de la legación –compuesta por miembros de la Fuerza Operante Fronteriza y de Inmigración de Estados Unidos y México– es poner a consideración un reporte de políticas que ofrezca “un nuevo paradigma para la aplicación de las leyes de inmigración” con el cual “terminaría con los programas erróneos y fiscalmente irresponsables” tales como la iniciativa de construir un muro fronterizo. El reporte oficialmente fue dado a conocer en una conferencia de prensa.

“Su misión [la del reporte] es proponer medidas alternativas frente a lo que ha sido una tendencia en los últimos años de legislaciones antiinmigrantes”, señaló Rodríguez. El documento representa 18 meses de trabajo arduo y abarca cerca de 70 propuestas. Con un nuevo poder ejecutivo a punto de asumir las riendas del país, los miembros de esta coalición desean participar en la elaboración de políticas dentro de un plano nacional.

“No iremos a decir simplemente, ‘Aquí estamos, queremos un lugar en la mesa’. Vamos a darles soluciones y recomendaciones”, señaló Escobar.

El equipo se reunirá con congresistas, senadores y posiblemente con miembros del Gabinete de transición del presidente electo Barack Obama. Seguridad, comercio, medioambiente y derechos humanos se encuentran en la agenda de la coalición.

Escobar habló sobre el hábitat de Río Bosque: “Es un gran activo natural y al aire libre y todos pueden estar orgullosos del trabajo hecho. Pero aún así con esas características, el Gobierno Federal va a construir un muro justo a través del mismo”.

El Parque Río Bosque es un pantano administrado por UTEP y el Valle Bajo.

El Padre Arturo Banuelas, de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos, señaló que las 70 propuestas del reporte “son una contribución hacia la formulación de políticas que sean más justas y promotoras de los derechos humanos”.

“El papel de la iglesia es ingresar al diálogo para que las decisiones que se tomen por el bien común tomen siempre en consideración a la justicia, los derechos humanos, una preferencia hacia los pobres y la lucha diaria para sobrevivir. La Iglesia quiere estar ahí ofreciendo esa voz, la cual a menudo no es tomada en cuenta dentro de estas decisiones”, señaló Banuelas.

Para la coalición, es esencial una mejor comunicación entre las ciudades como El Paso y el Gobierno Federal. El reporte aboga por ciudades como El Paso para que tengan un mayor peso en el proceso de toma de decisiones en lo que se refiere a los temas fronterizos.

“Si ellos no están en contacto con las comunidades locales entonces estarán tomando decisiones que impactan en nuestra capacidad de forjar nuestro propio futuro”, indicó Escobar.

Un mejor diálogo entre los gobiernos locales y federales ayudará a la nación para que conforme una mejor política fronteriza, sostuvo Rodríguez.

“Necesitamos una legislación fronteriza que tenga sentido, que sea práctica, que tomen en cuenta a las comunidades fronterizas y promueva no sólo la seguridad nacional sino que además lo haga con la seguridad en la comunidad”, concluyó.